29 Sep La Ley Silla ya está en vigor: lo que deben saber empresas y trabajadores

El 17 de junio entró en vigor la primera etapa de la Ley Silla, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que reconoce el derecho de las y los trabajadores a descansar en un asiento con respaldo durante su jornada laboral.

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Este derecho ya es exigible y verificable por la autoridad laboral. Las empresas deben contar con sillas o asientos con respaldo para el descanso de su personal, y las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento.

El plazo que vence el 14 de diciembre corresponde únicamente a la actualización de los reglamentos internos, pero no significa que pueda posponerse el cumplimiento de la norma.

¿Qué aspectos se pueden inspeccionar?

• La existencia de asientos o sillas con respaldo para el descanso.
• Que no se prohíba a las personas trabajadoras utilizarlos.

El número de sillas o el tiempo de descanso no forman parte de las verificaciones, ya que dependen del análisis que cada centro de trabajo realice de acuerdo con sus actividades.

La Ley Silla aplica a todas las personas trabajadoras, sin importar el sector o giro de la empresa. En los casos en que no sea posible colocar la silla en el área de operación (como sucede en algunos entornos industriales), el centro de trabajo debe habilitar un espacio cercano para que las personas puedan descansar.

Próxima Guía Informativa de la STPS

Para facilitar la implementación de la reforma, se prepara una Guía Informativa sobre la Ley Silla. Aunque no será obligatoria, orientará a los centros de trabajo en el cumplimiento de las nuevas disposiciones de seguridad y salud laboral.

La guía incluirá un semáforo de riesgo (bajo, medio y alto) que permitirá identificar el tipo de silla con respaldo que debe otorgarse a quienes realizan sus actividades de pie.

En resumen

La Ley Silla no solo exige otorgar asientos con respaldo, sino que también prohíbe que una persona sea obligada a laborar toda la jornada de pie. Con esta reforma, se busca mejorar las condiciones laborales y proteger la salud de las y los trabajadores en todo el país.

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Fuente: El Economista