22 Dic Ley Silla: inspecciones laborales y obligaciones para empleadores en 2026
La segunda etapa de la Ley Silla ya se encuentra vigente y establece nuevas obligaciones para los empleadores, cuyo cumplimiento será supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Tras difundir los lineamientos que deben observar los centros de trabajo, la autoridad laboral confirmó que la verificación de esta reforma formará parte de su Programa Anual de Inspección a partir de 2026.
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La normativa aplica a los sectores industrial, comercial y de servicios, y obliga a proporcionar sillas con respaldo a las personas trabajadoras que desempeñan actividades de pie. Estos asientos deben colocarse, de ser posible, en el propio puesto de trabajo para permitir la alternancia entre estar de pie y sentarse sin afectar el desarrollo de las funciones. Cuando la instalación directa no sea viable, el empleador deberá habilitar sillas con respaldo en un área cercana y definir, de común acuerdo con el personal, el número y la duración de las pausas necesarias para asegurar un descanso efectivo.
Asimismo, el Reglamento Interior de Trabajo (RIT) debe actualizarse para incluir información específica relacionada con esta reforma, como los factores de riesgo asociados al trabajo en bipedestación, las pausas a las que se tiene derecho durante la jornada laboral y la ubicación y disponibilidad de los asientos con respaldo dentro del centro de trabajo.
La STPS ha señalado que las inspecciones tendrán como objetivo verificar que los centros laborales cuenten con condiciones que favorezcan la salud, el descanso y la prevención de riesgos laborales en actividades que implican permanecer de pie por periodos prolongados. Esto incluye la reducción de lesiones musculoesqueléticas y otros padecimientos derivados de la postura continua.
Inspecciones que abarcan más que la provisión de sillas
La revisión del cumplimiento de la Ley Silla no se limita únicamente a la entrega de asientos con respaldo. Las inspecciones también pueden considerar otros elementos relacionados con la ergonomía y el descanso, como el uso de alfombrillas, calzado adecuado, la existencia de áreas designadas para el descanso y la correcta actualización de los reglamentos internos de trabajo.
La autoridad laboral cuenta con facultades para realizar inspecciones tanto de seguridad e higiene como de condiciones generales de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento integral de la normativa. Estas revisiones pueden intensificarse cuando se detectan incumplimientos parciales, ya que una observación inicial puede derivar en nuevas inspecciones.
Además, el uso de herramientas institucionales como el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) facilita que las personas trabajadoras presenten inconformidades, lo que incrementa la capacidad de supervisión de la autoridad y la probabilidad de revisiones en los centros de trabajo. A esto se suman las inspecciones de rutina, que no dependen de una denuncia previa y requieren que las empresas estén preparadas de manera permanente.
Preparación ante las inspecciones laborales de 2026
De cara al inicio formal de las inspecciones vinculadas a la Ley Silla en 2026, se recomienda a los empleadores mantenerse actualizados respecto a las reformas laborales vigentes y anticipar posibles cambios regulatorios. El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones económicas significativas, además de la obligación posterior de corregir las omisiones detectadas.
En el caso específico de la Ley Silla, resulta conveniente realizar un análisis interno para determinar cuántas sillas con respaldo se requieren, cuánto tiempo de descanso puede otorgarse a cada persona trabajadora y si las funciones pueden desempeñarse, total o parcialmente, con el uso de estos asientos. Este diagnóstico debe documentarse formalmente para contar con evidencia del cumplimiento.
La implementación adecuada de estas medidas no solo reduce el riesgo de sanciones, sino que también puede contribuir a mejorar el ambiente laboral, disminuir la rotación de personal y el desgaste físico, y favorecer una mayor productividad. En este contexto, programas de autoevaluación voluntaria y políticas internas de cumplimiento normativo pueden ser herramientas útiles para identificar áreas de oportunidad y corregirlas antes de una inspección.
La vigilancia del cumplimiento laboral continuará intensificándose, por lo que dar seguimiento oportuno a las obligaciones que impone la Ley Silla y otras reformas resulta clave para la gestión adecuada de los centros de trabajo en los próximos años.
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Fuente: El Economista
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