En la Cámara de Diputados se analiza una iniciativa que busca fortalecer la transparencia en las relaciones laborales mediante la obligación de entregar a las personas trabajadoras una copia de su contrato individual antes de iniciar la prestación de servicios.

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La propuesta pretende corregir una omisión normativa en la Ley Federal del Trabajo (México) (LFT), que actualmente regula el contenido de los contratos laborales, pero no establece de forma expresa la obligación de entregarlos de manera previa al inicio de la relación laboral.

Objetivo de la iniciativa

El eje central de la propuesta es garantizar que las personas trabajadoras conozcan desde el primer momento las condiciones que regirán su empleo. De acuerdo con la exposición de motivos, la falta de entrega oportuna del contrato genera un desequilibrio en la relación laboral, ya que el trabajador puede comenzar a prestar servicios sin certeza jurídica sobre aspectos fundamentales como salario, jornada o prestaciones.

En este sentido, se busca prevenir conflictos laborales desde su origen, promoviendo mayor claridad y formalidad en la contratación.

Modificación al artículo 132 de la LFT

La iniciativa plantea adicionar una obligación patronal al artículo 132 de la LFT, estableciendo que los empleadores deberán proporcionar a sus trabajadores el contrato individual de trabajo por escrito antes del inicio de sus actividades.

No obstante, el proyecto reconoce que existen casos en los que las contrataciones pueden realizarse con urgencia. Por ello, no fija un plazo específico previo, sino que enfatiza la necesidad de que la entrega sea oportuna dentro del inicio de la relación laboral.

Referentes internacionales

Aunque esta obligación sería una incorporación nueva en el marco jurídico mexicano, existen antecedentes en otros sistemas legales. Por ejemplo, en la Unión Europea, la Directiva (UE) 2019/1152 establece la obligación de proporcionar información esencial sobre la relación laboral antes del inicio del trabajo, con el objetivo de garantizar condiciones laborales transparentes y previsibles.

Contexto laboral en México

La propuesta cobra relevancia frente a los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que indican que aproximadamente 17.1 millones de personas trabajadoras —equivalentes al 41% de los trabajadores subordinados— no cuentan con un contrato por escrito.

Esta situación refleja un reto estructural en materia de formalización laboral y acceso a información básica sobre las condiciones de trabajo.

Contenido del contrato individual de trabajo

De acuerdo con la LFT, el contrato individual de trabajo es el documento mediante el cual una persona se obliga a prestar un servicio personal subordinado a cambio de un salario. El artículo 24 establece que las condiciones laborales deben constar por escrito y elaborarse en dos ejemplares, uno para cada parte.

Entre los elementos que debe contener un contrato laboral se encuentran:

  • Datos de identificación del trabajador (domicilio, CURP y RFC)
  • Tipo de contratación (indefinida, por obra, por temporada, entre otras)
  • Descripción de los servicios a prestar
  • Lugar de trabajo
  • Duración de la jornada laboral
  • Forma y monto del salario
  • Día y lugar de pago
  • Condiciones de capacitación
  • Prestaciones, días de descanso y vacaciones
  • Designación de beneficiarios

Efectos de la falta de contrato escrito

La legislación laboral mexicana establece que la ausencia de un contrato por escrito no priva al trabajador de sus derechos. En estos casos, la responsabilidad recae en el empleador, quien asume las consecuencias de no haber cumplido con esta formalidad.

Sin embargo, la iniciativa busca ir más allá de esta protección correctiva, promoviendo un enfoque preventivo que reduzca la incertidumbre y fortalezca la seguridad jurídica desde el inicio de la relación laboral.

Situación actual de la iniciativa

El proyecto se encuentra en etapa de análisis dentro de la Cámara de Diputados. Su eventual aprobación implicaría una nueva obligación para los empleadores en México y un avance en materia de transparencia y formalización del empleo.


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Fuente: El Economista 

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