La reforma secundaria sobre la jornada laboral entró en vigor este 1 de mayo tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dando inicio al periodo de transición para que las empresas adapten sus operaciones y esquemas de trabajo. A partir del 1 de enero de 2027, la jornada semanal pasará de 48 a 46 horas como parte del proceso gradual hacia la semana laboral de 40 horas.
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Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) buscan armonizar la legislación con la reforma constitucional aprobada previamente, estableciendo nuevos límites a la jornada laboral y regulando la transición progresiva que concluirá en 2030. Entre los puntos más relevantes, se mantiene la prohibición de reducir salarios o prestaciones durante la implementación de este nuevo esquema.
La reforma también introduce cambios en la distribución de la jornada laboral, permitiendo que empleadores y trabajadores acuerden de manera flexible cómo repartir las horas de trabajo. Esto podría facilitar tanto una mejor organización de descansos como la posibilidad de incrementar ingresos mediante tiempo extraordinario. Asimismo, las ocho horas de jornada diurna dejan de considerarse un límite rígido y pasan a ser una referencia, con el objetivo de permitir distintas formas de distribuir las 40 horas semanales.
La entrada en vigor de estas disposiciones coincide con la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha estrechamente vinculada con las demandas históricas de reducción de jornada impulsadas por organizaciones sindicales.
Otro de los cambios relevantes es la incorporación obligatoria de un sistema electrónico de registro de jornada laboral, conocido comúnmente como “reloj checador”. Esta herramienta tendrá como finalidad llevar un control más preciso de horarios y pagos de horas extras, además de facilitar la supervisión por parte de las autoridades laborales respecto al cumplimiento de los nuevos límites de tiempo de trabajo.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) será la encargada de emitir las reglas y posibles excepciones para la implementación de este sistema, cuya obligación será exigible a partir del 1 de enero de 2027.
De acuerdo con la LFT, el incumplimiento de esta obligación podrá derivar en multas que van de 29,327 a 586,550 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, la STPS deberá desarrollar mecanismos para recopilar y analizar información relacionada con la implementación de la reducción de la jornada laboral en México.
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Fuente: El Economista
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