En el Senado de la República se analiza una iniciativa de reforma que busca fomentar el empleo juvenil mediante la imposición de obligaciones a los empleadores, incentivos fiscales y la aplicación de sanciones económicas en caso de incumplimiento.
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La propuesta contempla modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Su objetivo principal es establecer mecanismos que obliguen tanto al sector privado como al público a incorporar a personas jóvenes en el mercado laboral, especialmente en su primer empleo.
En materia laboral, la iniciativa propone adicionar una nueva fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que los centros de trabajo con 40 o más personas empleadas deberán destinar al menos el 5% de sus vacantes a jóvenes sin experiencia laboral previa registrada en la seguridad social. Esta contratación deberá realizarse bajo criterios de igualdad de género.
Asimismo, se plantea modificar el artículo 133 para prohibir el incumplimiento de dicha cuota, así como reformar el artículo 995 para imponer sanciones que podrían oscilar entre 50 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale aproximadamente a multas de hasta 293,275 pesos.
En el ámbito fiscal, la iniciativa contempla la adición del artículo 186 Bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el fin de otorgar un estímulo fiscal del 25% a los contribuyentes que contraten jóvenes de entre 18 y 29 años que no hayan sido previamente registrados en la seguridad social. Este beneficio se calculará con base en el salario efectivamente pagado, siempre que el trabajador sea dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una proporción significativa de la población desempleada se concentra en jóvenes, lo que evidencia la dificultad estructural para acceder al primer empleo formal. Entre los factores que inciden en esta problemática se encuentran la falta de experiencia laboral y la escasez de oportunidades, lo que con frecuencia deriva en empleos informales o de baja remuneración.
La iniciativa también plantea que la promoción del empleo formal mediante incentivos fiscales puede contribuir a fortalecer la recaudación, mejorar la estabilidad económica y reducir la informalidad laboral. En su exposición de motivos, se destaca que el desempleo genera presión sobre las finanzas públicas, al incrementar la necesidad de programas de asistencia social.
En paralelo, se han presentado propuestas similares en el Congreso, que buscan establecer cuotas de contratación para personas mayores de 40 años, así como limitar prácticas discriminatorias en ofertas laborales relacionadas con la edad.
Finalmente, la iniciativa continúa su proceso legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En caso de ser aprobada, se prevé que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Fuente: El Economista
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