Las cláusulas de no competencia están prohibidas en México porque restringen el derecho al trabajo. Sin embargo, su utilización continúa siendo frecuente en los contratos laborales, al grado de que el país ocupa el tercer lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor proporción de trabajadores sujetos a este tipo de acuerdos.

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De acuerdo con el informe Perspectivas del Empleo de la OCDE 2026, entre el 23% y el 39% de los empleados del sector privado en México tienen una cláusula de no competencia. Estas disposiciones impiden que, una vez concluida la relación laboral, el trabajador pueda incorporarse a una empresa competidora o crear un negocio que compita con el de su anterior empleador.

La OCDE advierte que el uso de estas cláusulas continúa en aumento en México, lo que refleja una creciente dependencia de restricciones contractuales que pueden limitar la capacidad de los trabajadores para cambiar de empleo o emprender actividades económicas en el mismo sector.

Aunque este fenómeno también se observa en la mayoría de las economías analizadas por el organismo, originalmente estas restricciones estaban dirigidas a proteger información estratégica y a empleados con funciones altamente especializadas. No obstante, su aplicación se ha extendido a puestos que no requieren un alto nivel de especialización.

Los datos del informe muestran que entre el 10% y el 28% de los trabajadores mexicanos que no tienen acceso a información confidencial afirman haber firmado una cláusula de no competencia. Asimismo, entre el 14% y el 32% de las personas que ocupan puestos no gerenciales ni profesionales también están sujetas a este tipo de restricciones.

Impacto en la movilidad laboral y los salarios

La OCDE señala que las cláusulas de no competencia reducen la movilidad laboral y pueden afectar el crecimiento profesional de los trabajadores.

Según el organismo, quienes están sujetos a estas restricciones avanzan más lentamente en la distribución de ingresos. En promedio, tras una carrera laboral de 25 años, estos trabajadores ascienden aproximadamente tres percentiles menos que personas con características similares que no están sujetas a cláusulas de no competencia.

Además, limitar el cambio de empleo reduce la circulación del talento y del conocimiento entre empresas, lo que dificulta la innovación y afecta la productividad.

Efectos sobre la productividad

El informe también advierte que las restricciones a la movilidad laboral pueden impedir que los trabajadores accedan a empleos que se ajusten mejor a sus conocimientos, habilidades y experiencia, lo que repercute tanto en el desempeño individual como en la competitividad de las empresas.

La OCDE estima que un incremento de 10 puntos porcentuales en la utilización de cláusulas de no competencia dentro de una industria se asocia con una reducción del 1.9% en la productividad laboral agregada.

Si bien México fue la sexta economía de la OCDE con mayor crecimiento de la productividad después de la pandemia, el organismo señala que este resultado estuvo relacionado principalmente con una disminución de las horas trabajadas. La elevada presencia de acuerdos de no competencia podría convertirse en un factor que limite futuras mejoras en la productividad.

Acuerdos de no contratación y fijación de salarios

El informe también analiza otras prácticas que pueden afectar la competencia en el mercado laboral.

De acuerdo con la OCDE, el 54% de las empresas que operan en México afirma tener conocimiento de acuerdos de no captación de talento o de fijación de salarios dentro de su sector, una proporción superior al promedio mundial, que se ubica en el 48%.

El organismo aclara que este dato no significa que todas esas empresas participen en dichas prácticas. Sin embargo, considera que el alto nivel de conocimiento reportado sugiere que podrían no tratarse de casos aislados, especialmente en el sector servicios.

Uno de los ejemplos más recientes fue el caso de la Liga MX Femenil, en el que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) identificó un acuerdo entre clubes para limitar los salarios de las futbolistas, una práctica que fue sancionada por la autoridad de competencia.


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Fuente: El Economista

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