La reducción de la jornada laboral en México ya cuenta con un marco constitucional y legal. La reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de marzo de 2026 y las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 1 de mayo del mismo año.
El objetivo es alcanzar una jornada máxima de 40 horas semanales en 2030, mediante una aplicación gradual. La reforma establece, además, que la reducción de la jornada no puede implicar una disminución de los salarios o las prestaciones de los trabajadores.
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¿Cuándo se reducirá la jornada laboral?
El calendario previsto establece la siguiente reducción progresiva:
- 2026: 48 horas semanales.
- 2027: 46 horas.
- 2028: 44 horas.
- 2029: 42 horas.
- 2030: 40 horas.
Las empresas deberán adaptar sus horarios y turnos conforme a los plazos legales, teniendo en cuenta las necesidades de cada actividad.
¿Pueden reducirse los salarios o las prestaciones?
No por el hecho de reducirse la jornada. El régimen transitorio de la reforma prohíbe que esta modificación implique una disminución de los salarios o las prestaciones.
Además, el artículo 99 de la LFT establece que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, mientras que el artículo 51 contempla la reducción salarial por parte del empleador como causa de rescisión laboral sin responsabilidad para el trabajador.
Esta protección también debe tenerse en cuenta al analizar prestaciones como el aguinaldo, la prima vacacional y otros beneficios reconocidos legalmente. En cuanto a los beneficios extralegales, como los bonos o los vales de despensa, cualquier modificación deberá examinarse conforme a la reforma, los contratos y las condiciones aplicables.
Si un trabajador detecta una disminución injustificada de sus ingresos, puede solicitar orientación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).
¿Cómo afectará a las empresas y al reparto de utilidades?
La reducción de jornada puede exigir una reorganización de los turnos, nuevas contrataciones o cambios en los procesos de trabajo, especialmente en sectores que necesitan mantener una actividad continua. Estas decisiones pueden modificar los costes operativos de cada empresa.
También conviene revisar las obligaciones ante el IMSS y el Infonavit, ya que sus importes dependen de las reglas aplicables y de factores como el salario base de cotización.
En cuanto a la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), el artículo 123 de la LFT establece que su distribución considera tanto los días trabajados como los salarios devengados. Por ello, la reducción de las horas semanales no implica automáticamente una disminución de la PTU: el cálculo debe realizarse conforme a la legislación vigente y a las circunstancias de cada trabajador.
Conclusión
La reducción de la jornada laboral exige que las empresas adapten su organización sin vulnerar los derechos de sus trabajadores. Revisar los horarios, los contratos y los procedimientos de nómina permitirá preparar la transición y reducir posibles riesgos de incumplimiento.
Para conocer los requisitos aplicables en cada caso, es recomendable consultar los decretos oficiales y analizar las condiciones laborales conforme a la normativa vigente.
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